Los emberas katíos siguen reclamando sus derechos
Los indígenas denuncian que el Estado les ha incumplido
Imagine un lugar apartado y escondido que ha sido abatido durante años por la guerra en Colombia (un conflicto de más de 50 años). Se trata, además, de un sitio donde poderosas empresas se pelean por el control de las minas de oro, con presencia de grupos al margen de la ley y donde el Estado siempre ha sido un organismo ausente.
Es el resguardo Tahami del Alto Andágueda, ubicado en el occidente de Colombia en el departamento del Chocó. Para quienes lo conocen, sabrás que se trata de la zona más pobre de Colombia y, paradójicamente, una de las más ricas en recursos naturales. Además, es un lugar en el que habitan cerca de 7.200 indígenas.
Como ha sido habitual en la guerra colombiana, los indígenas han sido directamente afectados, asesinados y desplazados, las comunidades llegan a las ciudades sin ninguna protección.
Aunque en 2014 un tribunal colombiano ordenó la devolución de 50.000 hectáreas a los emberas katíos (comunidad indígena que habita esta zona) ellos siguen reclamando la atención del Gobierno de su país.
La sentencia -que se calificó de histórica- reconoce, por primera vez, los derechos territoriales de los pueblos indígenas y les ordena a varias entidades públicas cumplir con órdenes que, a la fecha, no han avanzado como deberían.
La falta de articulación entre entidades locales y nacionales, la escasez de recursos, los complejos procesos de concertación con las autoridades indígenas y los problemas de orden público han impedido que los desplazados retornen a su hogar de manera digna y segura.
Según el registro que tiene la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC), el número de desplazados es de 746 indígenas emberas katíos distribuidos entre los Andes (203), ciudades como Bogotá (257), Medellín (246), Ibagué (17), Pereira (10) y Armenia (13).
Según lo reconoció el Contralor delegado para el sector agropecuario, Andrés Bernal, al diario El Espectador de Colombia “existe un alto grado de incumplimiento institucional respecto a las órdenes de la sentencia, especialmente en temas de urgente necesidad como salud y saneamiento básico”.
Además, de acuerdo con el último informe de la Contraloría General de la República de Colombia, que ha venido monitoreando de cerca este caso, “el escenario actual de esta orden es con seguridad el más precario de todos en términos del cumplimiento y refleja la baja responsabilidad de las entidades comprometidas en esta tarea. Ha sido evidente no sólo una nula coordinación, sino una falta de comunicación entre los diferentes niveles del Gobierno”.
La salud es uno de los temas que más preocupan al resguardo del Alto Andágueda, pues no cuenta con centros médicos cercanos pese a las constantes quejas de la población. La situación es más complicada para los menores de edad: la mayoría de muertes registradas en niños menores de 5 años son debidas a enfermedades que habrían podido evitarse de contar con un tratamiento básico a tiempo. La primera causa de enfermedad es la diarrea.
“Queremos que el Gobierno nos cumpla, estamos cansados. Los niños son los más perjudicados, esperamos que el Estado no los deje morir“, añade una mujer indígena.
La falta de agua potable también ha sido causa de la falta de coordinación entre diferentes entidades gubernamentales. La Contraloría asegura que “no hay cumplimiento de este compromiso” por parte del ministerio de Vivienda colombiano.
La alimentación es otro tema. Pese a que se tenía estipulado un programa de alimentación básica que consiste en dotar a cada familia con una libra de maíz, veinte granos de fríjol, cuatro plantas de plátano, diez estacas de yuca y una plántula de limón; la realidad es que resulta una ayuda ínfima frente a las necesidades de los indígenas.
La situación de los indígenas emberas katíos es reflejo de una problemática que enfrenta Colombia: se habla de un acuerdo de paz (que tendría que firmarse en el primer semestre de 2016) sin previamente atender las necesidades básicas de sus poblaciones más vulnerables.
“El Gobierno hacia afuera habla cosas muy bonitas sobre la paz, pero hacia adentro hay un completo abandono. No estamos pidiendo un favor, sino un derecho que ampara la sentencia y que, además, no entendemos. Estamos confundidos porque no hablamos castellano y la sentencia no se ha traducido a nuestra lengua, así que no sabemos bien qué nos tienen que dar y en qué plazos. Necesitamos jornadas educativas al respecto”, dice Yahaira Murrí, lideresa indígena de la zona y una de las pocas mujeres que hablan español.
La zozobra es la actitud más común entre los indígenas colombianos. La guerra, el abandono y la falta de garantías les hace dudar del Estado colombiano: “Queremos que el Gobierno nos cumpla, estamos cansados. Antes sembrábamos maíz pero estas tierras ahora no son fértiles, salíamos a cazar pero ahora por los bombardeos y enfrentamientos nos da miedo movernos en la selva, hay desnutrición, agua contaminada, enfermedades occidentales por la comida que nos dan, no hay centros de salud y la gente se muere a mitad de camino. Los niños son los más perjudicados, esperamos que el Estado no los deje morir“, añade una mujer indígena.